ANALISIS CRÍTICO DEL PLAN DE VIVIENDA JOVEN

El Plan de Vivienda Joven presentado por la Comunidad de Madrid que propone la construcción de 79.000 viviendas en alquiler con opción a compra es en realidad una Plan de venta diferida a los 7 años de una vivienda libre, cuyo coste final va a ser muy superior al de una vivienda protegida.

Esperanza Aguirre anunció el 20 de mayo pasado la construcción de 12.433 viviendas de 55m2 útiles, destinadas a jóvenes menores de 35 años y que no ganen mas de 5,5 veces el SMI, que estarían disponibles en el otoño de 2.005.

Este Plan vendido por el PP como “de Vivienda Joven” y que tan sólo hace 5 meses que se presentó ya la Presidenta ha anunciado en el Debate del Estado de la Regíón, que se va a eliminar el tope de edad de 35 años. Por tanto podemos decir que el Plan de Vivienda Jóven no es en realidad para los jóvenes.

Las ayudas de la Comunidad se harán efectivas en el 2.014. En la Memoria a los presupuestos de 2004, la Dirección General de la Vivienda establece textualmente:

“Dichas cuantías en concepto de subvención se harían efectivas en el momento del ejercicio de la opción de compra. Dado que estas viviendas han de construirse, de modo que se calificasen provisionalmente en el 2.004, no estarían terminadas hasta el 2.007, y que una vez terminadas han de arrendarse y que para el ejercicio de la opción se exige que el inquilino haya permanecido alquilado en la vivienda 7 años, tenemos que esa subvención no se haría efectiva hasta el 2.014 para las viviendas iniciadas en el 2.004”.

Eso sí los promotores que concurran en este Plan obtendrán jugosos beneficios:

 Las viviendas se descalificarán, perderán la condición de protegidas, a los 7 años, frente a los 25 años para el resto de viviendas de protección pública.

 El suelo lo podrán adquirir los promotores a un precio inferior al valor de repercusión señalado en la normativa para las viviendas protegidas.

 El promotor podrá incrementar la renta señalada para las viviendas protegidas (un 7% del modulo oficial), en calidad del coste real de servicios que preste como arrendador, y cuyas rentas se actualizarán automáticamente en función del IPC.

 El promotor podrá hacer compatibles todo tipo de subvenciones públicas para promover este tipo de viviendas.

Los objetivos del Plan de la Comunidad parecen ir encaminados, contrariamente con lo formulado, a diferir el pago de la opción de compra de las futuras viviendas:

 Abaratar la “entrada” de la vivienda con la opción de compra que se ejecutará a los 7 años, deduciéndose el adquirente del 50% de las rentas de arrendamientos satisfechas hasta ese momento.

 Duplicar los precios autorizados en la compra-venta de las viviendas protegidas del módulo oficial actual hasta el 100% del módulo de viviendas de protección vigente dentro de 10 años, que se autorizaría con esta fórmula.

 Hacer desaparecer la obligación actual de destinar la vivienda de protección pública (VPP) a domicilio habitual y permanente del propietario de la misma, convirtiendo la VPP en fuente de negocios y fraudes. Así, el decreto que modifica el régimen de VPP establece en el apartado 3 de su artículo único que “el propietario de la VPP para venta o uso propio que no la hubiese ocupado, podrá cederla en arrendamiento sin necesidad de autorización administrativa”.

 Suprimir en la práctica la construcción de apartamentos tutelados para mayores, al hacer desaparecer de la normativa de VPP las superficies complementarias previstas anteriormente en el apartado d) del artículo 19 del Decreto 11/2001, de 25 de marzo.

 Suprimir de la normativa de VPP, la posibilidad de cesión gratuita por las Administraciones Públicas de suelos para la construcción de viviendas de protección pública para arrendamiento a jóvenes y mayores, al hacer desaparecer el apartado 2c del artículo 25 del Decreto 11/2001, de 25 de marzo.


Una alternativa coherente al Plan de la Comunidad pasaría, por una política de vivienda y suelo concertada y coordinada entre la Comunidad y los Ayuntamientos que supusiera:

 Garantizar suelo suficiente para la construcción de viviendas protegidas, destinadas fundamentalmente a jóvenes, mediante políticas de alquiler social.

 Asegurar y promover dicho suelo mediante actuaciones consorciadas entre los Ayuntamientos y la Comunidad, repartiendo los costes de la operación al 50% entre ambas instituciones, haciendo efectiva, viable y rápida la obtención del suelo para tal fin. (El 77% de las viviendas protegidas construidas en la última década en la Región, se han materializado a través de los Consorcios Públicos constituidos a tal efecto).

 Separar radicalmente las políticas de compra y alquiler de vivienda, potenciando un parque público de viviendas en alquiler cuya gestión se profesionalice tanto en su promoción como en su desarrollo.

 Potenciar por la Comunidad las ayudas públicas al alquiler hasta equipararlas con las ayudas existentes para la compra de vivienda, dado que la fórmula del alquiler es la más viable económicamente para quebrar la curva de emancipación de nuestros jóvenes, que actualmente está por encima de los 34 años.

 Estudiar la posible constitución de una Agencia Regional de Alquiler que coordine las políticas públicas de vivienda en arrendamiento, e intermedie en el mercado inmobiliario para incentivar el uso de las cerca de 300.000 viviendas vacías existentes en la Región.